TEMA 7. CONTAMINACION TRANSFRONTERIZA MEXICO-ESTADOS UNIDOS

TEMA 7

CONTAMINACIÓN TRANSFRONTERIZA MEXICO-ESTADOS UNIDOS

7.1 COMISION INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

Durante más de 100 años, México y Estados Unidos han encomendado a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) la vigilancia y aplicación de los Tratados Internacionales sobre límites y aguas, así como regular y ejercer los derechos y obligaciones asumidos bajo dichos Tratados, dando solución a las diferencias que puedan surgir como consecuencia de tales aplicaciones. La CILA ejerce esta responsabilidad a lo largo de su zona jurisdiccional fronteriza de 3141 Kms., manteniendo una relación de respeto mutuo y entendimiento, cultivando una mejor convivencia internacional, para de esta manera mejorar el bienestar de más de 10 millones de habitantes dentro de la zona fronteriza.

La CILA se ha constituido en un Organismo pionero de carácter binacional, que ha asistido a ambos gobiernos en la mejoría y conservación del medio ambiente de la frontera México-Estados Unidos, enfocando su acción en el desarrollo de soluciones internacionales consistentes en proyectos de infraestructura sanitaria así como de control, conservación y utilización de agua, diseñados de manera conjunta y construidos y operados por los dos países bajo la supervisión de la CILA. Desde 1930, la CILA ha desarrollado programas de observación de la calidad de las aguas fronterizas y construido proyectos internacionales de manejo y tratamiento de aguas residuales, incluyendo las relativas a las poblaciones de Tijuana, Baja California/San Ysidro, California (1938), Nogales, sonora/Nogales, Arizona (1952), Agua Prieta, Sonora/Douglas, Arizona (1948), Nuevo Laredo, Tamaulipas/Laredo, Texas /1989. Lo anterior ha permitido mejorar tanto el manejo de las aguas de abastecimiento para uso doméstico como la disposición final de las aguas residuales, con el objetivo permanente de hacer de la frontera un mejor sitio para vivir.

La CILA es un Organismo internacional integrado por una Sección mexicana y una Sección estadounidense, cada una de las cuales está dirigida por un Comisionado ingeniero designado por el Presidente de su respectivo país. Las oficinas centrales de la Sección mexicana se encuentran localizadas en Cd. Juárez, Chihuahua y las de la Sección estadounidense en El Paso, Texas, siendo esta área el punto medio de la frontera México/Estados Unidos, y la separación geográfica de la línea divisoria fluvial y la línea divisoria terrestre.Al momento de tomar decisiones que requieran acciones conjuntas por parte de los dos gobiernos, los Comisionados obtienen asesoría sobre los criterios a seguir, de diversas dependencias federales de sus respectivos países, principalmente, en el caso del Comisionado mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el caso del Comisionado estadounidense del Departamento de Estado. Cada Sección tiene dos Ingenieros Principales, un Secretario y un Asesor Legal, y cada Comisionado puede contar con cuantos empleados adicionales considere necesarios. Cada gobierno asume los gastos del personal y de operación de su Sección correspondiente.

Corresponde a la CILA, entre otros, verificar que la operación y mantenimiento de las obras construidas se realicen conforme a los acuerdos celebrados entre México y Estados Unidos en materia de límites y aguas internacionales. Así mismo, corresponde a la CILA en coordinación con las dependencias correspondientes de su respectivo país la supervisión y ejecución de estudios técnicos internacionales conjuntos. Los Ingenieros Principales, al ser instruidos por sus respectivos Comisionados, llevan a cabo estudios en asuntos de límites y aguas internacionales que se encuentren dentro de la jurisdicción de la CILA. Los resultados de estos estudios con frecuencia se convierten en los fundamentos de acuerdos internacionales firmados por los Comisionados y aprobados por dos gobiernos.

Los Ingenieros Principales llevan a cabo de manera conjunta la implementación diaria de los aspectos de ingeniería de estos acuerdos internacionales a fin de establecer los criterios técnicos necesarios para preservar el interés nacional en los asuntos relativos a límites internacionales entre México y Estados Unidos.En el esquema organizacional de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, les corresponde a los Secretarios atender las vías diplomáticas de comunicación y de protocolo de la CILA, o actas de la Comisión, en los dos idiomas español e inglés. Los Secretarios de cada Sección fungen como consejeros en cualquier asunto de competencia de la CILA.Cada Sección tiene oficinas de campo en diversos puntos de la frontera ubicadas en las ciudades fronterizas en donde se llevan a cabo proyectos internacionales conjuntos. Actualmente la Sección mexicana, además de sus oficinas centrales, cuenta con oficinas en Tijuana y Mexicali, B.C.; Nogales, Son.; Ojinaga, Chih.; Cd. Acuña, Coah.; Nuevo Laredo, Nueva Cd. Guerrero y Reynosa, Tam.

DEPENDENCIAS CON VÍNCULOS DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN

A lo largo de su existencia, la Comisión Internacional de Límites y Aguas ha alentado y coordinado el establecimiento de relaciones de cooperación con otras dependencias federales, estatales y locales en México y Estados Unidos, para llevar a cabo sus proyectos fronterizos y sus actividades.Para ejemplificar lo anterior, cabe mencionar la coordinación y cooperación fronteriza con los organismos internacionales de más reciente creación, como son la Comisión de Cooperación Ecológico Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo para América del Norte (BANDAN), creados como parte del Tratado de Libre Comercio, así como con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Comisión de Salud Fronteriza México - Estados Unidos.Dependiendo de la naturaleza específica de los trabajos, en México existen relaciones de cooperación entre la CILA y dependencias como:La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA), responsable de la administración y regulación de los proyectos de recursos hidráulicos, estudios y actividades en materia de calidad del agua.• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), encargados de la operación y el mantenimiento de los puentes internacionales.• La Secretaría de Energía a través de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, en lo que corresponde a cruces de líneas de servicio, y esta última, en lo que corresponde a la generación de energía en las plantas hidroeléctricas de las presas internacionales Amistad y Falcón.• Autoridades ambientales y de recursos hidráulicos federales, estatales y locales de México.De manera similar, en Estados Unidos se pueden mencionar entre otras, las siguientes agencias involucradas:• El Buró de Reclamación del Departamento del Interior de Estados Unidos, el cual opera los vasos estadounidenses que descargan el agua para cumplir con las obligaciones de entrega de los Tratados de Agua entre México y Estados Unidos.• El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que apoya en la responsabilidad del manejo de las presas internacionales para el control de avenidas en dicho país.• La Agencia de Protección Ambiental (EPA), responsable de normar y vigilar el cumplimiento de las normas ambientales estadounidenses, interpretación y aplicación de las leyes correspondientes, tales como el Acta del Agua Limpia, y la transferencia de fondos autorizados para los proyectos y estudios de saneamiento fronterizo acordados.Autoridades ambientales y de recursos hidráulicos federales, estatales y locales de Estados Unidos.

LOS PROYECTOS INTERNACIONALES CONJUNTOS

La Comisión Internacional de Límites y Aguas representa más de un siglo de experiencia para los gobiernos de México y Estados Unidos en la aplicación de las estipulaciones de los diversos Tratados de Límites y Aguas, y en las negociaciones de las diferencias que pueden surgir como consecuencia de tal aplicación.La jurisdicción de la CILA se extiende a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, particularmente en áreas en donde pueden existir proyectos concernientes a los límites o aguas internacionales.La frontera entre México y Estados Unidos es una de las más largas del mundo, se extiende desde Tijuana, B.C., en el Océano Pacífico, hasta Matamoros, Tam., en el Golfo de México, con una distancia de 3141 kilómetros. De esta distancia, 2,019 kilómetros son ocupados por el Río Bravo como límite internacional y los 1084 kilómetros restantes son cruzados por la línea divisoria terrestre al oeste de Cd. Juárez, Chih., excluyendo el segmento de 38 kilómetros en donde el Río Colorado sirve como frontera internacional.Bajo los Tratados que establecieron estos límites territoriales, se crearon Comisiones temporales que efectuaron los levantamientos topográficos demarcando la línea divisoria entre 1849 y 1855. Estas primeras Comisiones, además de marcar la línea divisoria, proporcionaron a ambos gobiernos cantidades considerables de información técnica sobre los territorios fronterizos. Esta función inicial se ha venido transformando con el paso del tiempo.

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS

La Comisión Internacional de Límites y Aguas es para México y Estados Unidos la institución y foro binacional de carácter gubernamental que permite y habilita la aplicación de los diversos Tratados y Acuerdos sobre límites y aguas, en donde la solución técnica a un problema puede ser desarrollada en forma conjunta facilitando así la toma de decisiones de las partes.Cada Sección opera de manera independiente de la otra, y trata con las autoridades de su país en los distintos niveles de gobierno, dentro de su función de asegurar que sean cumplidos los derechos y obligaciones que su gobierno asumió dentro de los Tratados de Límites y Aguas. Cada Sección organiza frecuentemente grupos institucionales de asesores técnicos para obtener opiniones expertas y un mejor entendimiento de las necesidades que integran una problemática para cierta región, todo pendiente a la preparación para la apertura de pláticas binacionales de la CILA para resolver un problema en particular.Cada Sección de la CILA mantiene oficinas de campo en diversas ciudades de la frontera, en donde ingenieros de cada país supervisan de manera conjunta y permanente las actividades diarias de los proyectos internacionales, como lo son la construcción, operación y mantenimiento conjunto de obras internacionales, hidromedición de las corrientes internacionales necesarias para la contabilidad y la determinación de la debida propiedad de las aguas del Río Bravo y del Río Colorado en cualquier momento y la operación diaria de las compuertas de las presas internacionales, haciendo necesaria la comunicación entre el personal de ambas Secciones. En otros casos, se requiere el acopio diario de información por cada Sección para después proceder a su respectivo intercambio o la celebración de reuniones técnicas entre el personal de las dos Secciones con sus asesores técnicos para llevar a cabo la supervisión de la construcción de la CILA.Los Comisionados mantienen comunicación constante y se reúnen con frecuencia, alternando los sitios de reunión entre los dos países, ya sea en Cd. Juárez, Chih., o en El Paso, Tx., o en otros sitios sobre la frontera internacional. En años recientes, el aumento en la participación de los gobiernos locales y estatales a un nivel de asesoría, han obligado a la CILA a sostener reuniones en las capitales de los estados o en las capitales de las dos naciones.Este tipo de coordinación, emplea un procedimiento de resolución de problemas que permite la implementación satisfactoria de los Acuerdos internacionales y proporcionan el mecanismo para la detección y evaluación oportuna de problemas que pueden incidir dentro del alcance de la CILA.En el caso del surgimiento de un problema, las autoridades locales pueden llevar el asunto a la atención de la Sección de la Comisión de su respectivo país. Si el problema cae dentro de la jurisdicción de la CILA, ésta puede llevar a cabo las investigaciones correspondientes y elaborar recomendaciones a los dos países para su solución. Los resultados son regularmente presentados en forma de Informes Conjuntos en español e inglés por los Ingenieros Principales, para ser considerados por los Comisionados. Posteriormente la CILA documenta su decisión formal mediante la firma de un Acta en ambos idiomas y son atestiguadas por los Secretarios respectivos de la Comisión. Dentro de un período de tres días posteriormente a su firma, el Acta es enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y al Departamento de Estado en Washington, para su aprobación la cual deberá ocurrir dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la firma. Una vez aprobada por ambos gobiernos, el Acta de la CILA se convierte en una obligación para cada país, siendo éstos responsables de su implementación, ya sea directamente o por medio de las dependencias de un país o del otro, bajo la supervisión

7.2. CONVENIO DE LA PAZ

El convenio para la cooperación sobre la protección y la mejora del medio ambiente en la zona fronteriza, suscrito en 1983 en la ciudad de la Paz, Baja California, inició el proceso de una historia de cooperación entre México y los Estados Unidos de América, cuyo objetivo es preservar un "medio ambiente sano para el bienestar económico y social, a largo plazo, de las generaciones presentes y futuras de cada país, así como de la comunidad internacional".El Convenio de la Paz establece el marco general normativo en el que ambos países acordaron prevenir, reducir o eliminar las fuentes de contaminación de aire, agua y suelo. Después de su adopción, a su amparo se acordaron cinco acuerdos de cooperación, sobre temas específicos: Anexo I de 1985, referente a los problemas de saneamiento entre el condado de San Diego, California y el municipio de Tijuana, Baja California;Anexo II de 1985, establece un marco de trabajo para una respuesta conjunta a los derrames accidentales de substancias peligrosas sobre la franja fronteriza;Anexo III de 1986, trata de los movimientos transfronterizos de las substancias tóxicas y los desechos peligrosos;Anexo IV de 1987, enfocado al problema de la calidad del aire, afectado por las emanaciones de las fundidoras del "Triangulo del Cobre" en la región Arizona/Sonora; yAnexo V de 1989, referido al abatimiento de la contaminación atmosférica en las ciudades hermanas, empezando con Ciudad Juárez, Chihuahua/El Paso, Texas.Uno de los aspectos más relevantes del Convenio de La Paz, fue la definición del área fronteriza como la zona de hasta 100 kilómetros a ambos lados de la línea divisoria terrestre y marítima entre México y los Estados Unidos de América.Con la firma de este Convenio de colaboración bilateral, mejor conocido como el Convenio de la Paz, la atención a los problemas ambientales en la región fronteriza se convierte en prioridad para México y los Estados Unidos de América. A sus veinticinco años de vigencia, el Convenio de la Paz ha dado lugar a la creación de diferentes programas ambientales, tales como, el Programa Integral Ambiental Fronterizo (PIAF), el Programa Frontera XXI y recientemente, el Programa Frontera 2012. 7.3. PROGRAMA FRONTERA XXIFrontera 2012 es un programa ambiental binacional a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) y la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos (USEPA). Su misión es “proteger el medio ambiente y la salud pública en la región fronteriza México - Estados Unidos, de manera consistente con los principios de desarrollo sustentable”.Contar con información adecuada es esencial para proteger el medio ambiente y la salud pública; reconociendo esto, los Coordinadores Nacionales del programa Frontera 2012 acordaron “medir los avances del programa desarrollando para ello indicadores ambientales y de salud pública”, “lograr resultados concretos y mensurables” y“fortalecer la capacidad de los residentes y de otros interesados para la gestión de temas ambientales y de salud pública relacionados con el medio ambiente.

MARCO CONCEPTUAL DE LOS INDICADORES PARA FRONTERA 2012 MÉXICO - ESTADOS UNIDOS.

Consistente con las tendencias mundiales, el interés en los indicadores para la frontera México - Estados Unidos comenzó a aumentar a mediados de los años noventa. Muchas organizaciones internacionales (incluyendo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)), los gobiernos federales y estatales de los países alrededor del mundo, así como las organizaciones no gubernamentales utilizan indicadores para monitorear sus programas, planear sus acciones y dar seguimiento a tendencias. En general, los indicadores cumplen tres principales funciones:1. Proveer información sobre sistemas o procesos de una manera entendible2. Evaluar el efecto o desempeño de los planes o políticas3. Hacer evidentes los vacíos de información, y traducirlos en datos recopilados sobre información relevante para la formulación de políticas.

7.4 COMISION DE COOPERACIÓN ECOLOGICA FRONTERIZA

La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), también conocida como Border Environment Cooperation Commission (BECC) es una institución binacional creada en 1993 por los gobiernos federales de México y los Estados Unidos de Norteamérica, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), para enfrentar los impactos ambientales en su frontera común derivados del dinamismo esperado por el NAFTA.La función de la COCEF/BECC es el desarrollo y certificación de proyectos de infraestructura ambiental mediante un equipo de trabajo binacional y a través de un proceso público abierto, para su financiamiento por el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) y otras instituciones. Su jurisdicción abarca 100 km dentro de los Estados Unidos y 300 km dentro de México, cubriendo una franja de 1.2 millones de km2 y sirviendo a una población aproximada de 23.8 millones de habitantes.El Consejo Directivo de la institución presenta una estructura innovadora y única en los organismos binacionales, por estar representada la sociedad civil. Por los Estados Unidos: Departamento del Tesoro, Departamento de Estado, Agencia de Protección Ambiental, Representante de los Gobiernos Estatales y Representante de la Sociedad Civil. Por México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Representante de los Gobiernos Estatales y Representante de la Sociedad Civil.La temática ambiental atendida por la COCEF/BECC incluye los sectores básicos de agua potable, sistemas de alcantarillado municipal, saneamiento (sistemas de tratamiento de aguas residuales), manejo integral de residuos sólidos municipales, drenaje pluvial y reutilización de aguas tratadas, así como los nuevos sectores emergentes de calidad del aire (pavimentación), conservación de agua en distritos de riego, transporte público, energía limpia y eficiente, residuos industriales peligrosos, reducción de residuos y reciclaje, y planeación y desarrollo institucional municipal. Para la certificación de proyectos se aplica un conjunto de criterios que incluyen: ubicación, factibilidad técnica, factibilidad financiera, participación pública, salud humana y ambiental, y desarrollo sustentable.En sus quince años de existencia, el Programa de Asistencia Técnica y Certificación de Proyectos de la COCEF/BECC ha certificado 152 proyectos de infraestructura ambiental, con un costo de inversión total de $3,188 millones de dólares de los Estados Unidos, para el beneficio de más de 150 comunidades y 11.9 millones de habitantes de la región fronteriza entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. En materias de energía de fuentes renovables, la COCEF/BECC impulsa un programa permanente para establecer una alianza colaborativa con los estados fronterizos de México y los Estados Unidos de Norteamérica, gestionando e incorporando la cooperación federal legislativa y ejecutiva.Con fecha 5 de junio de 2009 la COCEF/BECC inició públicamente su Programa de Cambio Climático (PCC) y el correspondiente proceso de asignación de recursos de asistencia técnica a fondo perdido para apoyar el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero (GEI), planes de acción para la mitigación de consecuencias y adaptación al cambio climático y proyectos específicos de combate al calentamiento global en la región fronteriza entre México y los Estados Unidos de Norteamérica.

7.5. BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE.

El BDAN y su institución hermana, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), fueron establecidos por los gobiernos de México y Estados Unidos en un esfuerzo conjunto encaminado a conservar y mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de las personas que residen a lo largo de la frontera entre los dos países. Creadas como instituciones interdependientes, el BDAN y la COCEF trabajan en equipo, colaborando con las comunidades y los promotores de proyectos para desarrollar, financiar y construir proyectos sustentables a un costo razonable que cuentan con amplio apoyo comunitario. En este marco de colaboración, cada institución es responsable de realizar funciones específicas, donde la COCEF se concentra en los aspectos técnicos de desarrollo de los proyectos y el BDAN en el financiamiento y la supervisión de su ejecución. Específicamente, la COCEF está encargada de verificar la viabilidad técnica y los impactos ambientales y de salud de las obras de infraestructura por medio de un proceso de certificación que asegura la transparencia y la participación pública. Cada proyecto de infraestructura debe ser certificado por la COCEF para poder ser considerado como candidato para recibir el financiamiento del BDAN. Para mayor información sobre la COCEF y sus actividades, visitar su página de Internet.El BDAN ofrece financiamiento directo en la forma de recursos crediticios y no reembolsables a entidades públicas y privadas para la ejecución de sus proyectos y asegura la viabilidad financiera de los mismos durante el proceso de desarrollo. Además colabora estrechamente con los promotores para definir una estructura financiera adecuada y asequible conforme a las necesidades específicas de cada comunidad o proyecto. Asimismo, el BDAN trabaja con los gobiernos municipales y otros promotores de proyectos para brindarles apoyo en la instrumentación de procesos comerciales y financieros sanos que permitan establecer una base sólida para el financiamiento de deuda. Como parte de esta estrategia, el BDAN promueve la planeación integral y a largo plazo de la infraestructura ambiental y su financiamiento, así como ofrece asistencia técnica para fortalecer las capacidades institucionales de las entidades y apoyar el desarrollo de infraestructura sustentable. El BDAN está autorizado para atender a comunidades ubicadas en la región fronteriza entre México y Estados Unidos que se extiende a lo largo de 3,300 kilómetros desde el Golfo de México hasta el océano Pacífico. Los proyectos elegibles deben encontrarse en la franja de:300 kilómetros al sur de la frontera en las seis entidades federativas mexicanas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; o 100 kilómetros al norte del límite internacional en los cuatro estados norteamericanos de Arizona, California, Nuevo México y Texas.Los proyectos ubicados fuera de esa franja podrán considerarse elegibles si remedian un problema ambiental o de salud que afecta ambos lados de la frontera.El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y su institución hermana, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), fueron creados bajo los auspicios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para atender problemas ecológicos en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Las dos instituciones operan de conformidad con el “Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre el Establecimiento de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte” que se firmó en noviembre de 1993 (el “convenio constitutivo”).El BDAN fue establecido en San Antonio, Texas e inició operaciones el 10 de noviembre de 1994 con las primeras aportaciones de capital suscrito por México y Estados Unidos. En junio de 2000, el Consejo Directivo del BDAN inició diálogos relativos a la ampliación de las actividades financieras del banco. Este debate resultó en una amplia serie de iniciativas de reforma, algunas de las cuales demandaron modificaciones a su convenio constitutivo. Después de la aprobación de la legislación correspondiente por parte de los congresos y gobiernos de los dos países, el convenio constitutivo modificado entró en vigor el 6 de agosto de 2004. El capital autorizado del BDAN totaliza tres mil millones de dólares comprometidos en partes iguales por los gobiernos de México y de Estados Unidos. Cada país autorizó la suscripción de 150,000 acciones de capital social del banco con un valor nominal de $10,000 dólares cada una. El 15% del capital autorizado del BDAN se suscribe como capital pagado, en tanto que el 85% restante se establece como capital exigible. PaísCapital pagadoCapital exigibleTotalMéxico$ 225,000,000$ 1,275,000,000$ 1,500,000,000Estados Unidos$ 225,000,000$ 1,275,000,000$ 1,500,000,000Total$ 450,000,000$ 2,550,000,000$ 3,000,000,000 El capital pagado comprende los fondos en efectivo aportados al banco por los dos gobiernos y es invertido en valores de renta fija a corto y mediano plazos de alta calidad. Representa las reservas líquidas del banco, las cuales, además de cubrir las posibles pérdidas sobre préstamos, pueden ser utilizadas para otorgar un monto limitado de créditos directos. El capital pagado debe ser mantenido a un nivel adecuado para asegurar la integridad operativa del banco y proteger a sus acreedores.El capital exigible no representa fondos en efectivo aportados al BDAN por los dos gobiernos. Consiste en los fondos que los dos países se comprometen a otorgar al BDAN, de así requerirse, para que éste haga frente a sus obligaciones relativas a los empréstitos contraídos para su inclusión en los recursos de capital del banco, conforme a lo dispuesto en su convenio constitutivo. Es decir, el capital exigible constituye, en efecto, una garantía de los bonos que emita el banco con el fin de captar fondos en los mercados de capital para financiar su programa crediticio. Dado que no se reciben fondos en efectivo, el capital exigible no puede ser utilizado para préstamos directos. Como se estableció en el convenio constitutivo, el 90% del capital autorizado del BDAN se utiliza para financiar proyectos de infraestructura ambiental en la región fronteriza y el 10% del capital aportado por cada país se destinó al financiamiento de programas complementarios de apoyo a comunidades y empresas en México y Estados Unidos en soporte de los propósitos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (los “Programas Domésticos”). Por lo tanto, del total capital pagado de $450 millones de dólares, $405 millones corresponden al programa de infraestructura ambiental, mientras que los $45 millones restantes fueron divididos en partes iguales, con $22.5 millones de dólares destinados al programa doméstico de cada país.

7.6 MAQUILADORAS Y CONFINAMIENTOS DE RESIDUOS.

Los residuos peligrosos representan un peligro latente para la salud de la población mundial, y es imprescindible su disposición inmediata en confinamientos especiales. Estos confinamientos cuestan enormes cantidades de dinero, y actualmente los inversionistas no están jugando su parte pues temen ante la carencia de seguridad en su inversión y, sobre todo, a la irresponsabilidad de la incontrolable prensa amarillista. Por lo anterior, es necesario crear un marco legal transparente que proteja a los ciudadanos al mismo tiempo que otorga seguridad a los inversionistas. De lo contrario, la población sufrirá las irreversibles consecuencias de los residuos peligrosos.En America Latina se generan aproximadamente diariamente 865 mil toneladas de residuos industriales, de los cuales 15,500 son peligrosos. Desgraciadamente, menos del 10% de los residuos peligrosos son tratados adecuadamente, es decir, el 90% restante se desalojan en arroyos, basureros municipales o simplemente en el drenaje, lo cual pone en grave riesgo la salud pública. Ahora bien, es importante señalar la diferencia entre tres tipos de residuos: a) Residuos sólidos Municipales.-representa la basura que generamos en hogares, carece de toxicidad y va a los confinamientos municipales. b) Residuos Industriales.- son los residuos generados por las empresas y que son tóxicos. c) Residuos peligrosos.- tales como aceites quemados, pinturas, breas, plaguicidas, etc. De este tipo de residuos es de los cuales estamos hablando. Si los residuos peligrosos no reciben el tratamiento adecuado, es ineludible que se presenten severos efectos. Un ejemplo de esto, es la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en donde años atrás una maquiladora desalojaba residuos peligrosos que causaron que varios niños nacieran con sólo la mitad de su cerebro. Claro, es menester decir que lo ideal es no generar residuos, y en este sentido es importante que la industria implementara políticas para minimizar su generación. El problema esque para ello hay que invertir grandes cantidades de dinero en nueva maquinaria no-contaminante, y en este momento crucial de la historia la industria tiene otras prioridades, tal es el caso de mantener el nivel de empleos y pagar sus deudas. Lo anterior, provoca que el sector industrial no pueda darse el "lujo" de no generar residuos peligrosos. Por lo tanto, es inaplazable hacer algo con los residuos peligrosos, de tal forma que no representen un riesgo para la salud del ser humano y el equilibrio del medio. Es necesario, entonces, enviar los residuos a un confinamiento controlado.Qué es un confinamiento controlado? Un confinamiento controlado para residuos peligrosos es un lugar totalmente seguro que se construye con el fin de recibir residuos de este tipo, y en el que se invierte en la más alta tecnología. Debe instalarse en lugares alejados de los centros de población y, sobre todo, en donde exista poca lluvia y no pasen corrientes de agua subterránea, pues el objetivo es reducir al mínimo posible el riesgo. Los confinamientos controlados, como es de imaginarse, cuestan millones de dólares en construcción y mantenimiento, además de que requieren conocimiento sumamente sofisticado.Como consecuencia del alto costo de estos confinamientos, la necesidad de inversión extranjera es indiscutible. De todas formas, a pesar de las grandes oportunidades en este sector Latino Americano, no se ha realizado esta inversión indispensable, y entre los factores determinantes es la creencia de los extranjeros de que se carece de seguridad jurídica para su inversión. Los inversionistas foráneos se quejan acerca de la nula protección que el marco legal ofrece ante el fenómeno NIMBY ("Not in my back yard" o "No en mi patio trasero"). El fenómeno NIMBY representa la renuencia de la población a vivir cerca de un confinamiento o cerca de una cárcel, por ejemplo. Bajo este fenómeno, los ciudadanos se juntan y bloquean los planes de construcción de un confinamiento Algo es seguro: este tipo de participación ciudadana es saludable y ejemplo de una democracia. Sin embargo, si no se delimitan las reglas del juego, este tipo de acción popular puede ir demasiado lejos. Para el bien común, es inaplazable la consecución de un balance entre el hecho de que los confinamientos son sumamente necesarios, y de que nadie los quiere cerca.Qué se necesita para lograr un balance? Para alcanzar buenos resultados, la tranquilidad ciudadana y una protección efectiva al medio ambiente, es necesario crear un marco legal transparente que proteja a todos los involucrados.Transparencia, por cierto, quiere decir que el proceso y los requisitos para operar un confinamiento deben ser nítidos, y que toda la sociedad esté enterada de las reglas del juego. Lograr esta transparencia implica proteger al mismo tiempo a dos grupos distintos: primero y más importante, a los ciudadanos, permitiéndoles participar, informarse, opinar, etc.; y, segundo, a los inversionistas, dándoles seguridad a su inversión. El punto es que la autoridad debe escuchar a los ciudadanos, manejar claramente los estudios de seguridad y viabilidad y, cuando sea momento de tomar una decisión, sea tan razonada, transparente y justa, que sea inamovible. Hoy estamos viviendo la satanización de los confinamientos y, como consecuencia, los inversionistas se han alejado, víctimas del miedo, pues sienten que no existe un marco legal que les dé seguridad en su inversión. La prensa amarillista, sumada a algunos líderes de opinión que están mal informados y utilizan su influencia sin salir de su ignorancia respecto al tema, provocan que aquellos que no se toman molestia en utilizar el sentido común, sigan sus opiniones mal informadas y mal argumentadas. Es necesario ser claros y abiertos; y lo más importante: el ciudadano, tenga acceso a información equilibrada y clara, de tal forma que se pueda alcanzar un consenso basado en la confianza y el respeto. De igual manera, hay que fomentar la inversión en el área de los confinamientos de residuos peligrosos, siempre y cuando se cuide la salud pública, pues se trata de una labor que beneficia al ambiente.